*Nota publicada originalmente en el sitio La Tinta.
“Nos están matando”. La frase de David Escobar, de 37 años, resume la dramática situación que se está viviendo en Colombia ante la brutal represión del gobierno de Iván Duque como respuesta a las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril. “A mí, los del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) me dispararon con una escopeta, impactándome en el tórax -agrega Escobar, periodista de la ciudad de Cali, con quien La tinta se comunicó por WhatsApp este fin de semana-. No me pasó nada grave, porque tengo elementos de protección personal blindados”.
Mientas relataba su caso a este medio, Escobar atendía una solicitud de una brigada de salud autogestionada en Cali para comprar insumos médicos y atender a manifestantes heridos. También estaba en comunicación con dos amigos suyos de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, que habían sido “atacados con objetos contundentes y mordidos por perros de la fuerza pública”. La noche anterior, a unas 10 cuadras de su casa, hubo un “ataque sicarial” desde una camioneta contra 10 personas de una brigada médica. Él mismo había participado esa tarde en el funeral de dos jóvenes asesinados en Siloé, al oeste de Cali, en la misma zona donde, a principios de mes, balearon a Nicolás Guerrero, de 22 años, mientras estaba en una vigilia en honor a las primeras víctimas de la represión, que se transmitió en vivo por Instagram con casi 200.000 espectadores.
El testimonio de Escobar se repite en innumerables casos en toda Colombia, ya recorrieron las redes sociales y el mundo entero. Amnistía Internacional (AI) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamaron a garantizar el derecho a la protesta y alertaron sobre denuncias de desapariciones y violaciones a los derechos humanos. En la iniciativa Banco de Memoria, que documenta videos y audios de víctimas de los ataques policiales en Cali -y a los que accedió La tinta-, se pueden observar innumerables situaciones de miembros de las fuerzas disparando armas de fuego, manifestantes denunciando a agentes de civil o relatos de testigos “que fueron maltratados y a los que les robaron sus pertenencias”. Las imágenes fueron modificadas en blanco y negro, y muchas voces distorsionadas para evitar ser reconocidas por temor a represalias.
En los últimos 11 días, la violencia policial dejó cifras alarmantes: 39 muertos, 278 heridos, 963 detenciones arbitrarias, 111 casos de disparo de armas de fuego, 12 casos de violencia sexual y más de 500 denuncias de desapariciones, según un comunicado de ayer de las organizaciones de derechos humanos Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
Ya se cuentan más víctimas fatales de las que hubo, por ejemplo, en las protestas que siguieron al asesinato de George Floyd, en Estados Unidos, o en el estallido social de Chile. Hoy, América se desangra en Colombia.
Una sociedad movilizada
La primera víctima fatal en manos de la policía fue Marcelo Agredo, un joven de Cali de apenas 17 años, que salió a protestar en el paro nacional del 28 de abril. En medio de la manifestación, Agredo pateó a un policía que estaba arriba de una moto y salió corriendo. Al instante, el agente abrió fuego y le impactó en la espalda. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de la calle y las imágenes no tardaron en llegar a Twitter.
“El Estado está saliendo a disparar”, analiza sobre la actual situación Sebastián Lalinde Ordóñez, abogado e investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), y autor del libro Elogio a la bulla: protesta y democracia en Colombia. Y continúa: “La policía no puede usar armas de fuego y han salido a matar y a disparar. La violencia está fuera de control y, si uno compara al Estado con una guerrilla o una banda de delincuentes bien organizados, la diferencia es ninguna”.
Un Estado violento
La violencia estatal no es una novedad en Colombia, país históricamente atravesado por diversos conflictos entre el gobierno y las guerrillas, como las FARC, donde también jugaron un papel central los grupos paramilitares. Según un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), publicado en febrero pasado, las fuerzas militares de Colombia mataron al menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008, y los presentaron como “bajas en combate”.
El drama de los “falsos positivos” tuvo lugar principalmente durante la gestión de Álvaro Uribe Vélez, mentor del actual presidente Duque, y quien el 30 de abril fue denunciado por Twitter por “glorificación de la violencia”, cuando defendió el uso de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad. Aunque la realidad demostraba lo contrario, durante esta semana, Uribe declaró ante las pantallas de la CNN en Español y de TN frases como: “En Colombia, no hay violencia institucional”.
El gobierno de Duque señaló como únicos culpables de la violencia generalizada a “grupos vandálicos”, algo que ni Escobar ni Lalinde negaron a La tinta que existan, pero no en la dimensión de ser los únicos responsables de la dramática situación que vive el país. Las movilizaciones en su mayoría son pacíficas y ha quedado registrado que muchas fueron repelidas no solo por la policía, sino también por grupos de civiles armados por su cuenta, para “defender la institucionalidad” -como otrora los paramilitares-. Incluso, se han descubierto infiltrados en las protestas para generar disturbios.
“La violencia y represión estatal que estamos viendo siempre han ocurrido. Solo que ahora son más visibles, porque las protestas ahora son mucho más grandes que antes. En Colombia, la policía cree que los ciudadanos son enemigos”, expresa el abogado Lalinde, que en su investigación Elogio a la bulla… identificó cuatro factores que desincentivan el reclamo popular: una regulación normativa muy estricta, un fuerte control policial que ataca a los sectores más pobres, un sistema judicial que busca asustar a los manifestantes abriendo causas que después no continúa y un sistema mediático que solo registra las protestas en las que hay violencia.
Ante dicha situación estructural, y en el comienzo de una semana marcada por un llamado oficial al diálogo repartido entre distintos actores, pero que todavía no prosperó, ¿cómo podría encarrilarse la situación que ya dejó decenas de muertos y cientos de heridos?
“Una manera en que podrían aplacarse los ánimos de la gente sería que el gobierne reforme la policía”, aventura el abogado, que encuentra las bases de la desmesura de la fuerza en que es un cuerpo de configuración militar, donde los miembros poseen jerarquías similares a las castrenses, a que los agentes deben cumplir con “cuotas de requiso” diarias y cuyo órgano de control es una justicia militar penal donde reina la impunidad. “La policía es la única salida que tiene Duque -reflexiona finalmente Lalinde-, por eso, es algo muy difícil que la modifique”.
Escobar coincide en un panorama incierto, desconfía totalmente del llamado al diálogo del gobierno y pondera la resistencia popular. “Creer que el Estado vaya a aflojar a través de una negociación es bastante ingenuo -expresa desde Cali, epicentro de la resistencia social-. Yo veo a la gente muy parada en la calle y el gobierno seguro no contaba con una explosión de este tamaño. Seguro que en estos días hubo desgaste, pero si le preguntas a la gente que está en este momento en cualquiera de los puntos callejeros, te va a responder que está dispuesta a pasar la noche allí”.
Foto de portada: Paola Mafla -AFP